Inaugurada a las once de la mañana del último 2 de diciembre con catorce asesinatos durante la fiesta de empleados del Departamento de Salud de San Bernardino, en California, Estados Unidos, y clausurada cuatro horas después con el acribillamiento a balazos de Syed Farook y Tashfeen Malik sobre la autopista donde la policía logró interceptarlos, la “masacre de San Bernardino” abrió preguntas que llegaron hasta el corazón de las principales empresas de tecnología de Occidente. En sí mismo, el ataque no solo fue uno de los más sanguinarios de la temporada de tiroteos en masa de 2015 ‒con 330 casos registrados por el Gun Violence Archive, 49 más que en 2014‒ sino que por sus características todavía es difícil de clasificar. Matrimonio islámico libre de antecedentes y sospechas previas, Farook (28) era un ingeniero estadounidense de origen pakistaní al servicio del mismo Departamento de Salud que atacó, y su esposa Malik (27) una farmaceuta pakistaní a la que había conocido por internet. Ambos eran padres de una bebé de seis meses a la que, un rato antes, habían llevado hasta la casa de un abuelo, que se enteraría de todo por las noticias.

¿Se trata de una verdadera colisión entre la formas en que las empresas privadas y los estados nacionales entienden la información que da sentido al siglo XXI?

De ahí que el iPhone de Syed Farook se haya transformado en una de las pistas principales para entender qué pasó en San Bernardino, y también en el objeto de una delicada disputa entre, por un lado, la orden judicial con la que el FBI solicita la asistencia de Apple para acceder a la información en el teléfono y, por otro, la negativa pública a hacerlo de Tim Cook, CEO de Apple desde la muerte de Steve Jobs, convencido de que esa ayuda “amenaza la seguridad de nuestros clientes”. ¿Pero es lo que está en juego sobre la sangre y el fuego de San Bernardino un debate más sobre la protección de datos en la era digital? ¿O se trata de una verdadera colisión entre la formas en que las empresas privadas y los estados nacionales entienden la información en el siglo XXI?

En su “Mensaje a nuestros clientes”, publicado el 16 de febrero, esa es la categoría (“clientes”) bajo la que Cook considera la sacralidad de la información encriptada por Apple.

Tal vez la esencia del conflicto, desnudado por un episodio cargado de semejanzas con los ataques islamistas contra Charlie Hebdo y el teatro Le Bataclan, se revele en el lenguaje de sus términos. En su “Mensaje a nuestros clientes”, publicado el 16 de febrero, esa es la categoría (“clientes”) bajo la que Cook considera que la sacralidad de la información encriptada por Apple se antepone ‒más allá de otros métodos de colaboración con el gobierno‒ a la creación de un software que, nacido en una ocasión dramática y bajo orden judicial, pudiera terminar volviendo accesible la información de “cualquier iPhone bajo posesión física de alguien”. En ese sentido, la carta de Cook delimita bien las coordenadas de su universo: el dominio de la información digital es una prerrogativa de Apple, y parte del éxito de Apple como compañía consiste en defender a sus clientes incluso de “la expansión de la autoridad” del gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro (argumento que Apple tiene motivos para subrayar tras el célebre hackeo en 2014 de miles de imágenes de iCloud, el servicio de almacenamiento fotográfico de iPhone al que buena parte de Hollywood aportaba sus desnudos hogareños; en tal caso, no son las órdenes judiciales las que han vulnerado hasta ahora el poder de Apple).

¿Es la categoría de “clientes” para las empresas que dominan y controlan el mercado de la tecnología global más prioritaria que la categoría de “ciudadanos”?

Pero, ¿es la categoría de “clientes” para las empresas que dominan y controlan el mercado de la tecnología global más prioritaria que la categoría de “ciudadanos”? Y si, tal como el apoyo a la “rebeldía” de Apple expresado por Google, Twitter y Facebook (con sus 1518 mil millones de dólares combinados) parecería demostrar, ¿no corresponde a los poderes estatales, que obedecen al interés público y no a un grupo de accionistas, forzar el interés ciudadano sobre el interés empresarial? Llevado a la masacre de San Bernardino, la pregunta consecuente es si aquello en el iPhone que el propio Departamento de Salud le había otorgado a Syed Farook pertenece hoy al poder público o al poder privado. Pero si algo demuestra la experiencia reciente ‒y basta añadir las denuncias de Julian Assange y Edward Snowden para sumar los muchos matices de la vigilancia informática, además de la aparición del pionero del software antivirus John McAfee, que prometió “gratis y en tres semanas” hackear el aparato para el FBI‒, es que, incluso porque se trata de una democracia bajo amenaza terrorista, el problema se complejiza. Y en ese punto, las sospechas cruzadas de totalitarismo entre estados y empresas se multiplican (Cook, de hecho, usa dos veces la palabra “ciudadanos” en su mensaje: una para señalar que aquello que el gobierno le pide a Apple podría en parte afectar a “decenas de millones de ciudadanos americanos”, y otra para acusar al gobierno de “dañar” a los “bienintencionados ciudadanos que confían en compañías como Apple para proteger sus datos”).

Implementado por Heineken, Coldwell Banker y el Banco Real de Escocia, el estado argentino sería el primer organismo estatal en sumarse a Facebook at Work.

¿Pero en qué se convierte esa misma discusión cuando los estados nacionales y las empresas privadas no se oponen sino que se juntan? Como ejemplo basta un ámbito más cercano y menos conflictivo: el proyecto mediante el cual el estado argentino pasaría a usar pronto el servicio Facebook at Work (FAW) ‒una versión de la red social de Mark Zuckerberg diseñada para empresas‒ como reemplazo de su red interna de comunicación. Presentada el año pasado bajo el lema “conectar mejor, trabajar mejor”, esta versión laboral de la red más lucrativa del planeta combina las destrezas ya adquiridas de los usuarios de Facebook con las herramientas de gestión útiles para empresas. Implementado por la cervecera holandesa Heineken, la inmobiliaria norteamericana Coldwell Banker y el Banco Real de Escocia, el estado argentino sería el primero en sumar el FAW a sus recursos. ¿Pero qué implica que los datos burocráticos de un estado circulen a través de una red privada? En términos de soberanía digital y seguridad nacional, pero también de agilización y eficiencia, el debate es extenso y sin dudas tiene su punto de partida en esa asimilación inaugural entre las funciones de un estado y las funciones de una empresa (tema al que el politólogo inglés David Runciman dedica su reciente libro de ensayos Política). “La seguridad es el núcleo de nuestro negocio”, explica mientras tanto la compañía Facebook, que asegura tener a disposición de FAW la misma infraestructura y los mismos especialistas en seguridad que protegen su inversión principal.

El debate es extenso y tiene su punto de partida en la asimilación entre las funciones de un estado y las funciones de una empresa.

Obligados en mayor o menor medida a pronunciarse a partir de la existencia misma de estos conflictos, en el balance aún son los políticos tradicionales, a diferencia de los CEO preocupados por la fe de sus accionistas y de sus clientes y por el lugar que unos y otros les deparan en el mercado, quienes cumplen el deber de arrastrar un debate público sobre su sentido. Y así como, por un lado, los funcionarios argentinos hablan sobre la necesidad de construir “un estado del siglo XXI”, por otro el candidato republicano a la presidencia Donald Trump ‒síntesis encarnada de las afinidades y las contradicciones entre lo público y lo privado‒ llama a un boicot contra Apple hasta que la empresa ayude al FBI, subrayando de paso que querría “ver el día en que Apple haga sus productos en Estados Unidos y no en China”. ¿Y no esa es la verdadera precisión que pone en escena el sutil equilibro geopolítico y comercial sobre el que la compañía que produce iPhones teje cada día las ventajas para sus clientes en todo el mundo?///////PACO