Tal como se formuló hace 15 años, la “neutralidad de la red” es el precepto según el cual los propietarios de las herramientas que proveen a los usuarios y a las empresas el acceso a internet no deberían intervenir ‒al bloquear, registrar, censurar, filtrar, desacelerar o acelerar‒ el caudal y la dinámica de los datos en internet. Claro que, de inmediato, ese noble llamado a la buena voluntad de multinacionales como Verizon y AT&T, dos de las tres más poderosas del planeta en su rubro (y que en Estados Unidos acumulan un valor de 437 mil millones de dólares) encontró algunas resistencias. Y es por eso que la nueva discusión sobre lo que internet tiene y no tiene de neutral reabre, en medio de ciberataques a gran escala como el que afectó hace días a Rusia, Taiwan, Gran Bretaña, Alemania y España, entre otros países, lo que la administración de Barack Obama creía haber sellado en 2016 con el fallo de una Corte de Apelación que ratificaba que la “neutralidad de la red” estaría bajo control de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (CFC). Tal como entonces había sido planteada la situación, se establecía que las empresas de contenidos (como Netflix, Google o Facebook, entre las líderes) no podrían padecer en ningún caso la arbitrariedad espuria de los proveedores de internet si, por ejemplo, alguno decidía violar la “neutralidad” y negociar calidades particulares de conexión y velocidad para mejorar las condiciones de circulación de un determinado contenido. Tal vez el mejor ejemplo hipotético de esto pueda pensarse alrededor de las plataformas de películas y series online: ¿qué pasaría si Amazon, por ejemplo, negociara con Verizon y AT&T un canal de streaming más veloz que el de Netflix? O, más delicado aún, ¿qué pasaría si las empresas proveedoras de internet compraran y ofrecieran contenidos desde sus propias plataformas? En esos términos (hipotéticos, pero no imposibles), la competencia sería difícil para cualquier oferta de contenidos incapaz de sobrevivir en una internet cartelizada. Sin embargo, el marco jurídico para mantener “neutral” ese escenario está a punto modificarse. Sobre todo porque, en defensa de los derechos de quienes controlan la web, la nueva gestión Trump está lista para devolverle a las empresas proveedoras de internet la prerrogativa de regularse según sus propios criterios.

¿Qué pasaría si Amazon negociara con Verizon y AT&T un canal de streaming más veloz que el de Netflix? O, más delicado aún, ¿qué pasaría si las empresas proveedoras de internet compraran y ofrecieran contenidos desde sus propias plataformas?

Pero, ¿significa esto que la “neutralidad de la red” ha llegado a su fin, o solo que su fachada podría adquirir pronto una cara definitivamente obscena y acorde a un proceso más profundo de falsas “neutralidades”? ¿Hasta dónde, por lo tanto, es sensato aspirar a una “neutralidad de la red” mientras la vara de lo positivo y lo negativo se vuelve cada vez más cosmética? Útil para pensar de qué se trata hoy realmente la “neutralidad de la red” podría ser Dorian Gray. Aquel fatuo narcisista creado por Oscar Wilde cuyos pecados eran absorbidos por un retrato secreto mientras su cuerpo se mantenía intacto. De la misma manera, mientras el discurso sobre las ventajas de la web repite que la misión general es “hacer el mundo más conectado y abierto”, como dijo Mark Zuckerberg en una entrevista del mes pasado en el sitio Fast Company, los auténticos pecados de Silicon Valley permanecen en la sombra. En ese sentido, ni los hacedores más superficiales de internet experimentan la afabilidad que los empresarios prometen a cada paso y que el propio Zuckerberg está dispuesto a imponer en su red al eliminar “contenidos inaceptables” con 3000 nuevos empleados dedicados a bloquear videos como los que ya registraron suicidios, violaciones y asesinatos en Facebook. Según un estudio de “impacto social” presentado por la consultora The Kapor Center, el acoso sexual, el bullying y el racismo son factores determinantes en una industria en el que la deserción laboral cuesta 16 mil millones de dólares anuales. Definida como una “cultura tóxica y de acoso” por 2000 entrevistados, el estudio señala precisamente que la “neutralidad” tampoco existe en el mundo cotidiano de quienes construyen la infraestructura básica de la red. El panorama, de hecho, indica todo lo que el progreso puede hacer en su plano inclinado: 1 de cada 10 mujeres, por ejemplo, “recibe atención sexual no deseada” ‒en un rubro donde su presencia se limita apenas al 25%‒, el 73% de las mujeres se queja de la inequidad salarial ante sus colegas masculinos y el 65% padece “postergaciones” a la hora de los ascensos. Para los hombres, mientras tanto, las dificultades son otras: ser negro, latino o asiático los vuelve parte inmediata de minorías muy segregadas a la hora de distribuir ganancias y premios (pero no burlas), y más vulnerables todavía a una tasa de “hostilidad y maltrato” que alcanza al 53% y que se ejerce desde los cargos ejecutivos hacia abajo, como en las viejas instituciones militares. Incapaces de soportarlo, quienes abandonan el mercado tecnológico lo hacen con un costo promedio de 144.000 dólares, invertidos en reclutar, sustituir y asalariar a cada sustituto (cifra que para Silicon Valley solo significa que la agresividad y la discriminación son vicios módicos).

Definida como una “cultura tóxica y de acoso” por 2000 entrevistados, el estudio señala que la “neutralidad” tampoco existe en el mundo cotidiano de quienes construyen la infraestructura básica de la red. El panorama, de hecho, indica todo lo que el progreso puede hacer en su plano inclinado.

En otra escala del conflicto, una nueva discusión en el Parlamento del Reino Unido sobre el porno digital anticipa otro de los grandes problemas con los que ahora vuelve a contrastarse la “neutralidad de la red”. Las preguntas vuelven a repetirse: ¿pueden los “contenidos inaceptables” arbitrarse desde una entidad superior a la buena conciencia de los usuarios? ¿No es potestad del Estado definir qué es aceptable y qué no? En esa línea, y para “mantener a los niños a salvo de la pornografía”, según un proyecto de ley presentado por Karen Bradley, Secretaria de Cultura, Medios y Deportes, quienes accedan desde ahora a material porno tendrán que verificar su edad a través de un mecanismo que cada página en Gran Bretaña deberá utilizar para no ser bloqueada por el gobierno. Una práctica que, nutrida de los ecos de la era victoriana, las organizaciones británicas de derechos civiles denunciaron como “desproporcionada” (aunque tratándose del país cuyo sistema sanitario fue paralizado por el ciberataque del 12 de mayo, no es improbable que la prudencia se imponga sobre la libertad). Para Karen Bradley, en tal caso, la nueva regla no es más que la ejecución de una política de Estado: “El gobierno está comprometido a mantener a los chicos alejados de la dañina pornografía online, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, dijo. Lo que podría pasar con ese registro, mientras tanto, apenas entreabre el telón para inevitables tragicomedias. En ese contexto, el nuevo capítulo sobre la “neutralidad“ de una red que en Estados Unidos tiene la tasa de acceso más alta del mundo (alcanzando el 88,1% de los hogares, 18,7% más que en Argentina, que lidera los ránkings latinoamericanos de conectividad) vuelve a subrayar que, de una u otra manera, una web sin privilegios es una utopía ingenua. De hecho, hasta los mensajes masivos “en favor” de las empresas proveedoras de internet registrados este mes en el sitio de la CFC resultaron ser parte de un robo de datos ocurrido en marzo ‒a través de la empresa de marketing River City Media‒ que sirvió para convertir cientos de cuentas de correo reales en una oleada involuntaria de spam. La discusión apenas despega pero la mayor suspicacia, sin embargo, combina lo digital y lo analógico a la perfección: Ajit Pai, el flamante presidente de la nueva CFC de Trump, fue entre 2001 y 2003 uno de los abogados de Verizon//////PACO