1. La fascinación por Rodolfo Walsh que padecían los servicios de inteligencia de la última dictadura parece replicarse en algunos pasajes de Masacre en el comedor: La bomba de Montoneros en la Policía Federal. El atentado más sangriento de los 70 (2022) de Ceferino Reato, elaborado en esa tradición que combina investigación y crónica de un drama político real, modelo fijado, oh paradoja del destino, con autoridad estilística e intelectual en Operación Masacre, El Caso Satanowsky y ¿Quién mató a Rosendo? y numerosos artículos de Walsh en los semanarios más importantes de los 60 y los 70.
Antes de enfocarse en el atentado del título, Reato, siguiendo la excelente biografía de Michael McCaughan, Rodolfo Walsh. Periodista, escritor y revolucionario (2015), describe el paso de Walsh por Cuba como creador de Prensa Latina, la agencia oficial de noticias de la isla, en donde decodificó un rollo de teletipo, colado por error, con un viejo manual de criptografía. Esa acción que empezó siendo más bien lúdica se transformó en legendaria. El rollo revelaba fragmentos del plan de invasión norteamericana a Bahía de los Cochinos. Ya en Montoneros, Walsh habría coordinado el atentado contra el comisario general Alberto Villar, jefe de la PFA, el secuestro de los hermanos Born, a quienes interrogó en sus cautiverios, y la colocación, consumada por uno de sus espías, de un dispositivo en una caja telefónica del Departamento Central de la PFA que permitió a la inteligencia montonera escuchar las llamadas salientes y entrantes en precarios equipos de radio. El espía era José María Salgado, Pepe, un joven agente policial de veintiún años. Como corolario de esta omnisciencia de Walsh, un «fantasma» que no vacilaba en disfrazarse de cura o vendedor de helados callejero para realizar sus tareas de inteligencia, el mediodía del 2 de julio de 1976, Salgado, en otra operación diseñada por Walsh, según las fuentes consultadas por Reato y citadas al final del libro, puso un maletín con una bomba de tipo vietnamita en el comedor del Departamento Central de la PFA. La explosión, doce días después del atentado al jefe de la institución, general Cesáreo Cardozo, asesinó a veintitrés personas e hirió a más de cien.
Citado en el capítulo 5 de Masacre en el comedor, Cenizas que te rodearon al caer. Vidas y muertes de Ana María González, la montonera que mató al jefe de la Policía Federal (2017) de Federico Lorenz se centra en la «Operación Cardozo» y en la vida de Anita González, la joven de 18 años que el 18 de junio de 1976 puso la bomba en el dormitorio del general Cardozo. El atentado fue preparado y monitoreado por la Secretaría Militar de la Columna Norte de Montoneros. Lorenz reconstruye los trabajos y los días de Anita recurriendo a numerosas fuentes que la conocieron en distintos momentos de su corta vida. Linda y tímida, Anita es intensamente deseada por los hombres, y si otra hubiera sido su elección de vida podría haber sido una chica de Música en Libertad o Alta Tensión. Como Salgado, Anita había sido educada en la ejemplaridad pulcra de la pequeña burguesía de la zona norte del GBA. Inicia su militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios, una organización creada en 1953 y controlada en los 70 por Montoneros. Por puro azar, ella y una hija de Cardozo concurren a la misma aula como condiscípulas. Anita comunica esto a una compañera que hace llegar la noticia a sus superiores. Una operación de magnitud se pone en marcha, «el primer paso resonante –escribe Lorenz– en una guerra lanzada por Montoneros contra objetivos emblemáticos de las fuerzas represivas». El segundo paso sería la bomba vietnamita puesta por Salgado en el comedor del Departamento de la PFA.
Otra vez el azar tira los dados. En una de las tantas razzias policiales de entonces, poco antes del atentado, Anita es detenida. Cardozo, instado por su hija, interviene. ¿Cómo es esto? Anita, tras ser torturada, es liberada por pedido de Cardozo y después de un breve tiempo reinicia sus visitas al departamento de su amiga como si nada hubiera pasado. Lorenz se pregunta cómo pudo ser que la inteligencia policial desconociera el peligro que representaba para Cardozo que Anita, fichada por la PFA como militante cercana a elementos insurgentes, siguiera visitando el departamento de Cardozo. Las dudas se aplican igualmente al atentado del comedor. Salgado entraba y salía con un maletín sin ser siquiera revisado. Es cierto que era un agente policial más, aunque resulta poco comprensible que el aparato de contrainteligencia de Seguridad Federal, experimentado y efectivo, no hubiese al menos sospechado nada como también es llamativo que la vigilancia del edificio se comportara de forma tan laxa con la bomba tan próxima contra su jefe.
Los dos atentados de Montoneros, que dan cuenta del cenit de la orientación militarista de su fase final, provocaron múltiples represalias, entre ellas la masacre de los palotinos del 4 de julio de 1976, en la cual tres sacerdotes y dos seminaristas fueron fusilados en la parroquia de San Patricio del barrio de Belgrano y la masacre de Fátima del 20 de agosto de 1976, en el partido de Pilar, cuyas víctimas fueron adolescentes y jóvenes secuestrados, veinte varones y diez mujeres, ejecutados con disparos a la cabeza y posteriormente dinamitados. Esas represalias eran el corazón de un accionar que el reemplazante del general Cardozo en el mando de la PFA, el general Arturo Corbetta, un personaje excéntrico que Reato describe muy bien, había prometido desterrar en su discurso de asunción. Duró en el cargo tanto como un suspiro.
A Salgado, secuestrado en la ESMA, otro detenido lo delató como responsable de haber puesto la bomba en el comedor policial. Los marinos lo entregaron a Seguridad Federal, la temible sección política de la PFA. Le arrancaron la lengua, los dientes y los ojos mientras estaba atado a una silla con cables de acero, le pegaron más de veinte tiros y lo tiraron a la calle.
González salió sana y salva después de poner la bomba bajo la cama de Cardozo. Sin embargo, el 4 de enero de 1977, una pareja, para evitar ser capturada, abre fuego desde el interior de un Fiat 128 contra un retén militar en San Justo. Se produce un tiroteo en el que es asesinado el soldado conscripto Guillermo Dimitri. La pareja se fuga. El conductor del auto era Roberto Beto Santi (detenido-desaparecido junto a su madre desde el 27 de mayo de ese mismo año). La otra ocupante, Anita, gravemente herida, necesitaba una cirugía mayor, pero se negó a ser trasladada. Temía caer en las manos del enemigo y ser exhibida como trofeo de guerra. Muere presumiblemente en una casa clandestina el día siguiente al tiroteo. Su cuerpo fue enterrado o incinerado por sus compañeros.
Ante el aumento de las caídas de combatientes en citas «cantadas» y enfrentamientos casi todos inexistentes (retratados en las fake news de los medios de la época), el hombre más buscado redactó un documento de circulación interna en el que expresaba que la única opción política de Montoneros era replegarse hacia el interior del movimiento peronista, tomar la bandera de los DDHH y buscar una tregua con el enemigo. «Como observó Estebani Walsh el 2 de enero de 1977, Montoneros y todos los grupos guerrilleros perdieron “la guerra en el plano militar” que habían emprendido en los 70 contra el aparato del Estado. Pero en otros planos lograron revertir esa derrota, guiados por la oportuna sugerencia de Walsh de embanderarse en los derechos humanos.» Por sobre el poder visionario que Reato le adjudica a Walsh como inoculador de la «bandera de los DDHH» en nuestra vida política, la realidad es que fueron los crímenes de la dictadura la causa primera para que los DD.HH. ocuparan el primer plano.
El dolor por la muerte de su hija Vicki y la preocupación en difundir noticias sobre la represión clandestina y la destrucción de la economía mediante la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) y la Cadena Informativa, ingeniosos mecanismos que gestó cuando ya se había distanciado de Montoneros, signaron los últimos días de Walsh. En una emboscada de una patota militar-policial cayó disparando su arma en el barrio capitalino de San Cristóbal el 25 de marzo de 1977, a pocos metros de la estación de subte que hoy lleva su nombre, mientras rondaba esperando a Salgado, cautivo desde pocos días antes en la ESMA.
2. Es significativo este párrafo de Reato: «Dentro del paradigma dominante es complicado aceptar que la voladura del comedor fue un acto terrorista porque supondría admitir que los buenos también hacían cosas malas. Lo mejor es dejar el tema fuera del radar de los libros periodísticos. Como decía Kuhn, “un paradigma es un criterio para seleccionar problemas”.» Para «derrotar» a este paradigma «dominante», responsabilidad del kirchnerismo, la indiscutible bête noire del libro, que «determina que conviene abundar en hechos y situaciones que ensalcen a los guerrilleros, transformándolos en defensores de la democracia y los derechos humanos», Reato propone un contra-paradigma que se nutre de los tópicos desplegados desde 1983 sobre la represión ilegal por la derecha «democrática», con mayor o menor exacerbación. Este punto nos recuerda Disposición Final (2016), otro de sus libros, que incluye una serie de entrevistas a represores. En una de ellas, Videla atestigua la deuda represiva con la DGR. No era novedad. En las revistas de la Escuela Superior de Guerra de fines podemos leer las conferencias inaugurales de asesores franceses como Jean Francois Badie, quien en 1957 explica la necesidad de un «ejército secreto» en el combate contra un enemigo infiltrado en el territorio nacionalii, o Patrice de Naurois, quien en 1958 se encarga de describir exhaustivamente el concepto y los principios de la DGRiii. Más acá en el tiempo, en el documental Escadrons de la mort, l’école française(2003) de la periodista y escritora Marie-Monique Robin,dos ex altos funcionarios de la dictadura, Albano Harguindeguy, ministro de interior, y Ramón Genaro Díaz Bessone, ministro de planeamiento, se habían explayado a sus anchas sobre la relación del ejército con los especialistas franceses de la DGR.
En Disposición final Reato encaraba su disputa sin cortapisas contra el «paradigma dominante»: «Para las organizaciones de derechos humanos y el kirchnerismo, los demonios fueron Videla y los militares y policías de la dictadura; siguiendo con esa terminología, los guerrilleros, los combatientes, fueron ángeles: jóvenes repletos de fervor, pureza e ideales que entregaron sus vidas por una Argentina mejor, auténticamente libre, maravillosamente igualitaria. Como si esos nobles fines pudieran disculpar el uso de medios que, ciertamente, implicaron una violación a los derechos humanos, como los atentados, los secuestros y las muertes.» Sustraer los hechos del contexto político y exponerlos como piezas aisladas en un purgatorio donde conviven «ángeles» y «demonios», idénticos en su condición de violadores de DD.HH., es quitarle al atentado en el comedor policial la carnalidad inmanente de la historia en el que se gestó. Por esto mismo Reato acierta cuando le da voz a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas –silenciados durante años y olvidados, como el mismo Reato dice, por la propia PFA–, pero se desfleca cuando confina sus argumentaciones en el enceguecimiento antikirchnerista. De ahí avanza contra las organizaciones de DD.HH., las «aliadas» y grandes «beneficiadas», y ya sin obstáculos se estanca en la tétrica teoría de los dos demonios.
Una respuesta sensata y objetiva –es claro que jamás sería escuchada– al caótico y pobre video lanzado por el gobierno nacional con motivo de un nuevo 24 de marzo es afirmar que la lucha armada entre insurgencia y contra-insurgencia tuvo como prólogo un denso período de veintiún años, apenas la mitad de la edad del período democrático iniciado en 1983. Con el derrocamiento del segundo gobierno constitucional de Perón y el bombardeo y ametrallamiento de la Marina de Guerra contra civiles indefensos en Plaza de Mayo se sentó un precedente inexcusable de violencia política. A esas acciones, de gravedad inusitada se sumaron los fusilamientos en J. L. Suárez de 1956 y la represión contra la resistencia peronista. En 1957, bajo la dictadura de la autodenominada revolución libertadora, llegaron los primeros oficiales franceses, veteranos derrotados en Vietnam y en ese momento con Argelia en la mira, a enseñar la Doctrina de la Guerra Revolucionaria en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Urgido por las FF.AA., en 1958 el presidente Frondizi firmó el decreto secreto de la conformación del Plan Conmoción Interna del Estado, conocido popularmente como plan CONINTES, que otorgaba a las FF.AA. el rol de garantes de la seguridad interna. Mientras tanto, el asesoramiento de los franceses se intensificaba sobremanera. El decreto contemplaba la cuadriculación del territorio en zonas de defensa militares, la subordinación de las fuerzas de seguridad al mando de las FF.AA., la ejecución de la guerra psicológica a través de los grandes medios de prensa y la puesta de los detenidos bajo la justicia militar. Todas prerrogativas que las FF.AA., con el ejército a la cabeza, le habían arrancado a Frondizi. En 1960, en medio del desmadre social causado por su política económica y la olla a presión de la proscripción del peronismo, Frondizi firmó el decreto, ahora público, de la puesta en marcha del CONINTES. Gracias a ello, este país se convertía en Argelia. Las versiones autóctonas de la OAS operarían «legalmente», y el objetivo principal no serían inciertas terminales del comunismo internacional sino los sindicatos, los trabajadores, los estudiantes y la resistencia peronista.
Sin ceder un ápice de las enseñanzas de la DGR, a inicios de la década del 60 las FF.AA. inclinaron su discurso hacia la Doctrina de Seguridad Nacional, incorporada con el golpe de Onganía de 1966. Nunca asumida en ningún documento oficial por EE.UU., la DSN reconocía que la emergencia del comunismo se debía básicamente a los conflictos sociales. Aparte de proveer programas de asistencia militar, la expresión política de la DNS fue la Alianza para el Progreso, un ambicioso proyecto cuyo desafío en teoría era mutar en Latinoamérica el subdesarrollo en desarrollo. El tiempo demostró que la ALP no fue más que un distractor recubierto de falsa buena voluntad. Permaneció, por supuesto, la asistencia militar contra las guerrillas y cualquier otra forma de insurgencia a cambio de políticas que fueran coherentes con los objetivos de Washington para la región. La adopción de la DNS en el discurso oficial por parte de Onganía fue un ajuste geopolítico en plena guerra fría, pero el núcleo más duro de la pedagogía represiva siguió siendo la DGR. No era para menos. La transfusión de teoría y práctica de la DGR había revitalizado el mesianismo político de los altos oficiales del ejército, a los cuales promoción tras promoción se les transmite internamente el rol pasado de precursores de la nacionalidad que fundamenta el rol siempre actual de última barrera defensiva de la patria.
Sería un error pensar que al ejército le había faltado un enemigo interno hasta la DGR. La cuestión era que con la irrupción de la DGR ese enemigo tomaba la forma de un objeto pasible de ser eliminado con sistemas y métodos que mixturaban lo militar con lo policial, lo público con lo clandestino, lo político con lo psicológico y que habían sido diseñados para un ejército colonial. Esto último no es un detalle menor. La DGR instaba a los ejércitos a tomar para sí el derecho absoluto sobre la vida en los territorios eventualmente ocupados por enemigos o sospechosos de serlo, colonizados o a los que debía colonizarse. Ese era el estado de cosas a mantener con la excusa de derrotar al comunismo. La combinación de la ideología elitista de los altos mandos de las FF.AA. con esta devaluación del concepto de ciudadano o, en los momentos más calientes, con la conversión de los ciudadanos a simples habitantes colonizados o a colonizar, habría de ser catastrófica para la sociedad en general.
A la homologación de violencias que leemos en Masacre en el comedor y numerosos textos de orientación análoga, vale contraponerle, como necesario cable a tierra, este categórico párrafo de la politóloga Pilar Calveiro: «Hubo operativos que, siendo contra miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en la represión, alcanzaron sin embargo a inocentes, como fue el caso de la hija del Almirante Lambruschini, pero existió sólo un par de operaciones militares –realizadas con posterioridad al golpe de 1976– que podrían considerarse francamente terroristas, ya que cobraron indiscriminadamente la vida de civiles. Creo que es importante hacer esta distinción porque considerar cualquier accionar armado como terrorista es una forma de desechar, sin más trámite, a la mayor parte de los procesos revolucionarios de la historia y a muchas de las formas de resistencia.»iv
Es evidente que el problema con los análisis «revisionistas» por una «memoria completa» –y Reato no sale de estos límites– es confundir intencionadamente al kirchnerismo con una filial del Viet Cong y reducir el universo de víctimas del terrorismo de estado a un virtual conjunto de terroristas o bien idealistas (aquí idealista es sinónimo de ingenuo, tonto o fácilmente manipulable) o bien desalmados. Palabra más, palabra menos, esta es la «batalla cultural» que anima y celebra la vicepresidenta Victoria Villarruel.
«Mi intención es la de siempre –escribe Reato en Masacre en el comedor-: contar las cosas como fueron, apelando a los protagonistas y a las fuentes de este episodio histórico; creo que el pasado ya pasó y que deberíamos dejarlo ahí, también para librarnos de los 70 y encarar el futuro sin esa mochila letal. Cambiar, recortar o editar el pasado no debería ser nuestro objetivo en el presente.» Coincidimos. Por eso es imprescindible buscar la verdad histórica antes que caer en las diatribas invariables contra la gestión del kirchnerismo en DD.HH. Tras las leyes de olvido de Alfonsín y los indultos de Menem, Néstor Kirchner se vio obligado a restaurar un mínimo sentido de justicia en un país que todavía caminaba por el borde del abismo de 2001. Comprender que ese fue un problema heredado con mucho para perder y casi nada para ganar y no una conspiración satánica para destruir a las FF.AA. ni un «filón», como solía declarar el fiscal Strassera –a quien no muchos hoy recordarían si Kirchner no hubiera derribado los indultos–, ayudaría, tal vez, a que la «mochila» de la que habla Reato dejara de ser «letal». Algo sin duda mucho más deseable que la epopeya turbia de escribir entre ángeles, demonios e interpretaciones capciosas.
i Uno de los alias de Walsh.
ii Revista ESG Nº 327-1957.
iii Revista ESG Nº 331-1958.
iv Calveiro, Pilar, “Antiguos y nuevos sentidos de la política y la violencia”, en Revista Lucha Armada, Nº 4, 2005.