Tokio. Especial para @RevistaPaco. La victoria del Partido Liberal Demócrata en las recientes elecciones parlamentarias y la llegada del presidente estadounidense Donald Trump al País del Sol Naciente parecen haber coincidido con una serie de procesos judiciales que sacudieron a la sociedad japonesa. La más reciente fue la condena a pena de muerte para Chisako Kakehi (70 años), llamada por la prensa china y estadounidense como «La Viuda Negra de Japón». “Aunque mañana me condenen a muerte”, aseveró el pasado lunes, la noche previa a su sentencia, “me voy a morir sonriendo”.

Kakehi fue arrestada en noviembre de 2014 bajo el cargo de haber asesinado a su esposo con cianuro de hidrógeno casi un año antes, poco después de su casamiento. La víctima fue Isao Kakehi (75 años) y el crimen habría ocurrido en casa de ambos, en Muko, prefectura de Kyoto. El juicio duró 135 días, período durante el cual se la imputó también por la muerte de otros dos hombres con quienes tuvo relaciones previas y a quienes también habría envenenado; el primero de éstos fue Masanori Honda (71 años) y el otro, Minoru Hioki (75 años). Asimismo, se la acusó por el intento de asesinato de un cuarto hombre (Suehiro Toshiaki, de 79 años), quien murió de cáncer meses después. Si bien en aquel momento la mujer confesó haber asesinado al primero de estos hombres, luego se retractó, alegando demencia en 2016. El caso debió pasar de un jurado normal al máximo tribunal. Durante esta segunda instancia del juicio, Kakehi confesó ser la responsable de las tres muertes y del cuarto intento. La pena de muerte fue confirmada el pasado 7 de noviembre.

Además del método, hay dos características en común entre los tres asesinatos. La primera: la mujer habría conocido a sus víctimas mediante un servicio de búsqueda de parejas para contraer matrimonio. La empresa se encuentra bajo investigación en lo que respecta a la verificación de los antecedentes de los candidatos. Todavía más, la segunda característica en común tiene que ver con el móvil. Sus relaciones con éstas y otras parejas le permitieron a Kakehi, durante un período de diez años y gracias a herencias, a otorgamientos voluntarios y a seguros de vida, amasar una fortuna de 10 billones de yenes (más de 150 millones de pesos argentinos). Este hecho confirmó que tenía un motivo claro y deliberado, lo cual finalmente llevó a la confesión por parte de la víctima. Los médicos que le diagnosticaron demencia durante el juicio original acordaron que en realidad había sido producto del juicio y que Kakehi estaba en sus plenas facultades cuando ejecutó los crímenes.

El caso abrió dos grandes ejes de debate dentro de la sociedad japonesa. El primero tiene que ver con la soledad en la tercera edad, un problema que se ha extendido a lo largo de todo el país y desde hace varias décadas. Según la antes mencionada empresa que brinda el servicio de parejas, el negocio ha crecido exponencialmente, no sólo entre personas de más de sesenta años sino también entre grupos de más de cuarenta que nunca tuvieron una pareja estable en su vida. Hasta el momento, el estado jamás diseñó políticas específicas para esta problemática que, además, se estima seguirá creciendo en los próximos años, dado el rápido envejecimiento de la población japonesa. De esta manera, además de la presión económica y laboral que la situación va a implicar para las franjas etarias más jóvenes (esto es, aquellas que deberán sostener un sistema de jubilaciones cada vez más largas), habrá que sumar consecuencias de índole social como lo es este caso.

El segundo eje de debate tiene que ver con la pena de muerte, práctica cuestionada desde hace mucho tiempo, sobre todo por Amnistía Internacional. Si bien merece un capítulo aparte, me limito a resumir los puntos más destacables. La pena capital se encuentra en vigencia en Japón desde el siglo IV, si bien cambió radicalmente a lo largo de la historia del país, sobre todo tras la Restauración Meiji (1868) y la Ocupación Norteamericana (1945-52). Hoy se aplica una legislación de 1983, que reduce la aplicación de la pena a asesinatos y en particular a aquellos múltiples. El método utilizado es el ahorcamiento. Una vez confirmada, la ejecución se realiza en un máximo de cinco días. Sin embargo, al preso no se le informa de la emisión de la orden y lo sabe sólo unas horas antes de su ejecución. Considerando que los procesos judiciales llevan a veces meses y años, se ha calificado a este sistema como extremadamente cruel, inhumano y degradante, pues el condenado vive cada día como si fuera el último, sin saber cuándo morirá. Esto lleva la salud mental al límite, multiplicándose así los casos de psicosis institucional.

Una vejez solitaria y la pena de muerte. Dos esferas que en este caso fueron caras de una misma moneda: una sociedad contradictoria en que la ancianidad acarrea cada vez mayores problemas.///PACO