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En la actualidad una veintena de países alrededor del mundo conservan la posibilidad legal de ejecutar presos. Entre ellos se cuentan China, Estados Unidos, India, Japón, Pakistán, Irán y Arabia Saudita. Cada año Amnistía Internacional enumera las ejecuciones sucedidas en estos países como parte de una campaña mundial permanente contra la pena de muerte. Más allá del grandilocuente uso de adjetivos como “alarmante”, “preocupante”, “aberrante” y otros, más allá de la impostación y el dramatismo que toda militancia en pos de un objetivo pide, lo cierto es que si se traza una línea histórica de las ejecuciones lo que se observa es una tendencia a la baja. Sin ir más lejos, durante 2014 se le aplicó la pena capital a 607 personas –aquí la tónica militante indicaría utilizar el término “seres humanos”– contra 778 durante 2013 en todo el mundo. Confirmando dicha tendencia, en 2012 el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, declaró: «En muchas partes del mundo, las ejecuciones empiezan a ser cosa del pasado. [Solamente] uno de cada diez países del mundo aplica la pena de muerte. Sus mandatarios deberían preguntarse por qué siguen aplicando una pena cruel e inhumana que el resto del mundo ha dejado atrás”. También expresó su «honda preocupación» por las ejecuciones cometidas “con fines políticos en algunos países, como medida populista o directamente como instrumento de represión».

Sobre estas cifras que año a año difunde Amnistía, el vocero de turno se encarga siempre de marcar la excepción estadística de China, país que mantiene en secreto sus números y no proporciona dato alguno sobre las ejecuciones pero que, sin que se explique cómo ni por qué, se estima que ejecuta una cantidad superior al total del resto del mundo. Otro país que ejecuta en secreto es Bielorrusia, único país de Europa que conserva la pena capital. Bielorrusia es la mancha en el manto impoluto de un continente que se debate entre sostener las banderas del humanismo y el multiculturalismo y enfrentar de modo eficaz el envejecimiento de la población autóctona, la inmigración masiva y la radicalización del Islam. No son pocos los espíritus que ante dicha encrucijada se vuelven con simpatía hacia viejas recetas en apariencia olvidadas. Un estudio sobre adolescencia y juventud publicado en España durante el 2014 por el Centro Reina Sofía indicó que el 38,7% de los jóvenes españoles entre 15 y 24 años justifica la pena de muerte “por delitos muy graves” y otro 17,8% la acepta con algunos matices. El porcentaje es ampliamente mayor que un estudio similar realizado en 2006. El mismo estudio subraya que el 70% de los jóvenes desea “gobiernos fuertes que garanticen orden y autoridad”.

En 2011 la banda madrileña Ska-P subió a su web un artículo en el que se cuenta la historia de Andrei Zhuk, ejecutado en 2010 en la prisión de Minsk, capital de Bielorrusia: su muerte sucedió en secreto y recién se conoció cuando su madre fue a visitarlo y los funcionarios del presidio le comunicaron la noticia después de darle varias respuestas evasivas. El artículo –que incluye el link a un petitorio de Amnistía Internacional España al gobierno bielorruso firmado por 17.063 personas- cierra con apenas cinco comentarios de visitantes o usuarios, de los cuales tres son a favor de la pena de muerte. La constante de esos comentarios es una especie de anhelo de reparación o incluso de venganza social ejecutada por el brazo del Estado, algo que no suele ser tenido en cuenta a la hora de la discusión acerca de la pena de muerte que, en general, centra sus argumentos en la cuestión instrumental de si la pena es o no disuasiva para el conjunto de la ciudadanía. Transcribimos uno de los comentarios: en mexico deberia de existir la pena de muerta para asesinos como los narcotraficantes. pero en mexico a los asesinos solo se les dan unos cuantos años en prision si es que los declaran culpables que por lo general los dejan libres. en mexico no se les castiga a los malos, por eso existe tanto criminal despiadado y tanto corrupto en el poder como jueces, abogados, judiciales, etc. aqui en mexico los inocentes estan en prisiion y los delincuentes afuera haciendose ricos 🙂. (Sólo le falta el uso de latiguillos como “puerta giratoria” y “jueces sacapresos” para mimetizarse a la perfección con la Argentina.)

Otro comentario es más enfático: HAY GENTE QUE LA VERDAD, NO DEBERIA DE EXISTIR. O POR LO MENOS QUE LOS LLEVEN A UNA ISLA DESIERTA DONDE NO TENGAN CONTACTO CON LA SOCIEDAD, ESOS MALOS, SE QUE TODOS SOMOS SERES HUMANOS PERO LA META NO ME PARECE QUE EL QUE PUEDE VIOLAR A TU HIJA SIGA VIVO O EL QUE TIENE PROBLEMAS PERSONALES CONTIGO TAMBIEN SIGA VIVO, NO LA PENA DE MUERTE ES INDISPENSABLE PARA LA JUSTICIA, USTEDES SON UNOS REBELDES POR ESO PIENSAN ASI, NO LA PENA DE MUERTE DEBE DE EXISTIR Y LA APLICACION DE LA TORTURA TAMBIEN PARA ESOS LOCOS , NADIE QUIERE A ESA GENTE SEAMOS REALISTAS NO PENDEJOS COMO USTEDES QUE DAN FIRMAS PENDEJAS PARA QUE SIGA VIVO.

En Bielorrusia el debate es menos ideal, más concreto. Gobernada desde 1994 por Aleksander Lukashenko, anteriormente director de un sovjós, después de una breve experiencia demoliberal esta ex república soviética realizó un referéndum en 1995 y otro en 1996 tras lo cual se reimplantaron la bandera y escudos bielorrusos de épocas del comunismo y se sostuvo la vigencia de la pena de muerte con el 86% de los votos ciudadanos. El método aplicado desde entonces es conocido como pena de muerte fulminante: las condenas se llevan a cabo de repente y sin anticipación en el SIZO número 1, único presidio del país con corredor de la muerte. No se informa a los familiares ni a los abogados de los condenados, ni se requieren más testigos que un verdugo y un médico. Sencillamente se aborda al preso en cuestión unos minutos antes y se le informa que su petición de indulto fue rechazada por las autoridades, se lo transporta a la sala de ejecución y se le indica que se ponga de rodillas. Enseguida el verdugo le dispara en la nuca con un revólver como a los traidores. Una vez constatada la defunción por parte del médico se hace desaparecer el cadáver, que no es devuelto nunca a sus familiares.

En 2011, la explosión de una bomba causó 15 muertos y más de 200 heridos en la estación de subte de Oktyabrskaya, en Minsk. Un día después la policía detuvo como sospechosos del atentado a Dima Konovalov y Vladislav Kovalev, ambos de 25 años. El aislamiento al que se los sometió fue tal que sus abogados sólo tuvieron la oportunidad de verlos una vez antes del juicio, durante unos minutos y rodeados de policías. El tribunal que los juzgó fue intransigente y su sentencia se apoyó en el video de una cámara de seguridad en el que se ve a un hombre con un bolso deportivo que, según la acusación, sería Dima Konovalov. Una investigación paralela del servicio de inteligencia ruso sostuvo que el video había sido editado y manipulado y que la altura y complexión del acusado no coincidían con las de la persona del video. La otra apoyatura de la sentencia a muerte fue la confesión de ambos detenidos. “Los interrogaron sin abogado y les dieron una paliza. Los chicos admitieron el crimen a las cinco de la mañana”, denunció Lyubov Kovaleva, madre de Vladislav Kovalev, que actualmente es una militante contra la pena de muerte. El juicio se desarrolló directamente en el Tribunal Supremo para evitar la posibilidad de apelación y su resultado fue la condena a muerte de ambos acusados, que se cumplió en marzo del 2012. Durante una conferencia de prensa en Minsk, un mes después de los ataques, el entonces secretario general de Interpol, el estadounidense Ronald K. Noble, calificó de terroristas a Konovalov y Kovalev y alabó la profesionalidad de las fuerzas de seguridad bielorrusas.

A mediados de abril de 2014, un tal Pavel Selyun fue ejecutado en secreto. Ese mismo mes se llevó a cabo la condena a muerte de Rygor Yuzepchuk, pero la ejecución no se hizo pública hasta el 8 de mayo. La historia de cómo se conocieron estos “incidentes” es idéntica a la de Zhuk, del 2010: una madre llega a la prisión a visitar a un hijo y un funcionario que le explica que éste ya no se cuenta entre los vivos.

Actualmente hay tres tipos de personas que no pueden ser condenadas a muerte en Bielorrusia: los menores de 18 años, las mujeres y los mayores de 65 años. Más allá de los avatares morbosos de la pena de muerte fulminante, lo cierto es que, como en el resto del mundo, la tendencia a aplicarla es decreciente: se calcula que en 1998 los ejecutados fueron 47 contra no más de un puñado por año en el último lustro. Esta tendencia podría relacionarse con el aumento en las penas de cárcel efectiva. Tras una reforma del código penal acaecida en 1999 se introdujo la cadena perpetua y el aumento de la máxima pena para delitos graves de 15 a 25 años de prisión. Esto abrió un abanico de posibilidades para los jueces que tiende a excluir a la pena capital como opción preferida. Pero a pesar de todo, no parecen avizorarse cambios drásticos con respecto al tema. Después de las ejecuciones de Konovalov y Kovalev, el diputado oficialista Nikolai Samoseiko sostuvo: “La opinión pública no está preparada para la moratoria. El atentado aumentó la gente favorable a la pena de muerte, y la opinión del presidente es clara. De momento no está dispuesto a cambiar nada”.///PACO